Queridas y
queridos empleadas y empleados públicos. Os voy a contar la linda fábula de “El
ayuntamiento prevaricador” o “Cómo el Estado abusón continúa haciendo el
ridículo”. Veréis. En un pequeño pueblo de 3.000 habitantes de la provincia de
Zaragoza, Calatorao se llama, su Junta de Gobierno Local puso a trabajar a sus
servicios jurídicos y las navidades pasadas decidió abonar a sus trabajadores
una parte de esa paga extraordinaria que el Gobierno ordenó robar. Decían en
Calatorao qué sí, qué bien, qué no habría paga si el Gobierno lo ordenaba pero
que todo no se podía arrebatar, qué los derechos generados son sagrados.
Imaginad
cómo le sentó la decisión al papá Estado.” Les voy a crujir por
prevaricadores”, se oía por los pasillos de los dominios de Montoro.
“No te preocupes, Cristóbal, que a ese alcalde me lo cepillo como se le ocurra
desobedecer”, espetaba Beteta mientras arengaba a sus orcos.
La
irreductible aldea maña no se achantó, se mantuvo firme en su decisión y pagó
el 25 % de la extraordinaria a sus empleados. El Estado, papá abusón y
mangante, denunció la osadía, utilizando para la contienda todas sus armas y
así ajusticiar al prevaricador consistorio. Gollum y sus secuaces se frotaban
las manos ante la sangría, pues los rebeldes acudirían al potro de tortura,
para goce y disfrute del Gobierno esclavista de Mariano Sauron. De dirimir el asunto
se encargaría el Juzgado Contencioso/Administrativo nº 1 de Zaragoza. Y para
allá que fueron, maños contra moños, justos contra truhanes, valientes contra
cobardes.
Y la
batalla ha durado hasta que el pasado 12 de septiembre quedó sentenciada. Y adivinad
qué ha ocurrido. Le dice el juez al papá
Estado que lo que ha hecho el ayuntamiento de Calatorao bien hecho está, es
conforme a derecho, pues lo que este Gobierno explotador ejecutó fue un atraco.
Vamos, que el Estado ha palmado un juicio otra vez, y ya van unos cuantos.
Calatorao fue justo y valiente, protegió a sus trabajadores hasta donde pudo
hacerlo y éstos, por lo menos, cobraron algo de lo que nunca debió ser robado
por el Gobierno.
Y ahora,
como en todas las fábulas, la
moraleja. Los que de verdad tienen voluntad y se atreven
ganan las guerras donde éstas se deben de ganar, en un juzgado.
Y es que os
cuento. Hay administraciones, como
la Diputación de Alicante, que dicen a
sus trabajadores que tienen la voluntad de pagar el 25 % de la extra robada.
Y yo digo que si esa voluntad existiera,
los trabajadores ya habrían cobrado, como en Calatorao. Es por ello que
pregunto sin esperar respuesta. ¿No será
que esas administraciones, como la Diputación de Alicante, no pagan porque no
les da la gana? ¿Quién prevarica más? ¿El que no obedece un decreto canalla o
el que vulnera a sabiendas derechos constitucionales?
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