A la vista
del comunicado que difundió CCOO el viernes pasado, instando
al Gobierno al cumplimiento del derecho a la información recogido en la Ley
de recorte de las pensiones 27/2011 mediante, entre otras medias, el envío
masivo de las cartas naranjas donde se informe a los mayores de 50 años
sobre su supuesta pensión en una especie de simulación ad futurum
tan incierta como inútil, manifestamos, por nuestra parte, que no
observamos un clamor popular demandando esta misiva trampa. Por el
contrario, nos toca trabajar diariamente
con pensionistas, todos, que sufren las consecuencias nefastas del
recorte en sus pensiones como consecuencia de la
aplicación de la Ley 27/2011 que se firmó, también, con el concurso y
beneplácito de algunos sindicatos (CCOO y UGT), ley que reduce el importe de las
mismas y que retrasa la edad de jubilación en un país con más del 54%
de la juventud en paro. Esto sí es atinar con la solución, para que la
juventud ingrese en el mundo laboral legislamos que quienes trabajamos lo
hagamos por más tiempo, genial, reemplazo imposible.
Tampoco
tenemos al personal de los CAISS ansioso por recibir un nuevo curso de "predicciones
no doy una" para por medio de una bola de cristal hacer la función
de" bruja avería" ante la previsible avalancha de personas
que acudirán con la cartita de marras a nuestros centros, cartita
doble, pues vendrá acompañada de la que deben enviar las compañías
aseguradoras con lo cual la labor de información será un galimatías de
imposible resolución. Por una parte intentar explicar lo inexplicable de la simulación
de pensión pública a 15 años y, por otra, hacer de comerciales de una
empresa externa cuyo fin es hacer negocio con el exiguo ahorro que
se pueda permitir una parte de la población.
Nos
encontramos ante un acto que no es informativo, es pura manipulación
orquestada en perfecta coordinación con UNESPA -la patronal de los
seguros privados- y por lo que parece también con los sindicatos de
las tarjetas black para potenciar el aseguramiento privado en
detrimento del sistema público de pensiones. Se trata de forzar una nueva
vuelta de tuerca a la recomendación 14 del Pacto de Toledo
(potenciación de los sistemas complementarios). Es un nuevo gasto que solo
busca, mediante la proliferación de mensajes alarmistas sobre la
sostenibilidad del sistema público de pensiones, crear la falsa creencia de
que el mercado, a través de la suscripción de planes privados de pensiones,
será la única salvación para el futuro de nuestros mayores. Para perpetuar en el tiempo esta labor imposible, la
intención del gobierno es enviar anualmente esa carta a toda la población
activa con el fin de seguir metiendo el miedo en el cuerpo del futuro
pensionista.
De ciudadanía
con derecho a una pensión digna, pasamos a clientes que tendrán
unos ingresos más o menos dignos cuando sean mayores sólo en el caso de
disponer de los recursos suficientes para suscribir planes o fondos
privados de pensiones en sus distintas modalidades, individuales, de empleo...,
y no son engañados –como a los preferentitas-
por las compañías aseguradoras. Para la inmensa mayoría de
la población, un presente de minijobs y un futuro de
minipensiones. En definitiva, sustituir el derecho a pensiones dignas y
suficientes por un poco de beneficencia para que la pobreza no
resulte demasiado pestilente. Todo a mayor gloria del beneficio de la banca
y de los sindicatos cómplices.
Pensiones públicas dignas y revalorizables, SÍ.
Simulaciones en diferido al estilo cospedalino, NO, gracias.
Federación Estatal de
Trabajadores de la
Administración Pública - CGT
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