A
continuació us copiem l’article El Gobierno plantea congelar el sueldo a los funcionarios... publicat a Expansión.com aquest 12 de setembre:
“El Gobierno no tiene previsto impulsar
ninguna subida salarial a los empleados públicos el año que viene. Eso sí, a
cambio, no les quitará la paga extra y Montoro baraja devolverles algún día
libre.
La
maquinaria del Gobierno está trabajando a marchas forzadas para diseñar una de
las normas más importantes del curso político: los Presupuestos Generales del
Estado. Y, como cada año, una de las partidas que más inquieta a cerca de tres
millones de personas es la que afecta a los empleados públicos.
Como ha
adelantado EXPANSIÓN, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “no tiene previsto ninguna subida
salarial” a los funcionarios en 2014, una iniciativa que afectaría tanto a los
trabajadores de la Administración central, a los de los ayuntamientos, a los de
las comunidades y a los de algunas empresas públicas, según fuentes
gubernamentales. Y que es imprescindible para cumplir con la reducción del
déficit que exige a España la Comisión Europea.
Sin
recurrir de nuevo a la congelación salarial será prácticamente imposible
reducir el déficit del 6,3% al 5,8%, y menos con el crecimiento de la actividad
inferior al 1% que pronostican la mayoría de los servicios de estudios.
Sin
embargo, a cambio, el ministro de Hacienda está barajando hacer un guiño al
colectivo de empleados públicos para compensar la contención salarial que
vienen padeciendo en los últimos años. Por eso, ya ha comentado a algunos
grupos de funcionarios en privado que planea devolverles alguno de los días
libres que les quitó cuando comenzó la legislatura, los famosos “moscosos”.
Montoro
redujo de seis a tres días los días libres en julio de 2012 y ahora ha
anunciado a algunos funcionarios que le gustaría revertir esta polémica
decisión en cuanto sea posible.
La partida
de gastos de personal del Estado es de las más difíciles de reducir desde que
comenzó la crisis. Que
la Administración central se gaste cerca del 3% del Producto Interior Bruto
(PIB) anual en salarios públicos cobra especial relevancia si se tiene en
cuenta que sólo medio millón de los tres millones de trabajadores del sector
público que hay en España depende del Gobierno central. Las autonomías en
cambio emplean a 1,7 millones de personas y los ayuntamientos a cerca de
700.000.
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