A continuació us copiem l’article
publicat a Expansión.com el dia 1 de gener d’enguany:
"El Gobierno
ha abierto la puerta para reactivar los planes de pensiones de los funcionarios
a través de los Presupuesto Generales del Estado de 2014. Estos productos
agrupan a 1,4 millones de empleados públicos que cuentan con un patrimonio
acumulado en fondos para la jubilación de unos 1.500 millones. Los presupuestos
para 2014 reiteran la prohibición de que las administraciones y sociedades
públicas hagan aportaciones a estos productos para complementar las
jubilaciones de los empleados públicos. La novedad es que a partir del 1 de
enero sí se podrán realizar aportaciones a estos productos siempre que se
cumplan dos condiciones:
1. Que sean
fondos de pensiones o productos similares creados antes de 2011, cuando el
Gobierno prohibió hacer nuevas aportaciones para frenar el gasto público. No
puede existir, por tanto, ningún plan posterior, ni se puede crear alguno nuevo
con la medida introducida en los presupuestos para el próximo año, señalan en
la secretaría de Estado de Presupuestos.
2. Que «no
se pueden hacer aportaciones que supongan incremento» del coste laboral para el
Estado. Esto conlleva que «cualquier aportación tendrá que realizarse con una
reducción en la misma cuantía en otro de los conceptos que integran la masa
salarial de los funcionarios».
Lo que los
presupuestos para 2014 mantienen un año más es la congelación de la aportación
de las administraciones a favor de sus empleados. La legislación suspendida en
2011 fijaba una aportación anual con cargo a los presupuestos generales del
Estado que era inicialmente del 0,5% de la masa salarial. Este porcentaje se
fue reduciendo a partir de 2009 con el estallido de la crisis y el Gobierno y
los sindicatos pactaron rebajarla en el marco de la mesa de la función pública.
El acuerdo fijó entonces en el 0,3% la aportación a realizar por el Estado en
2010, del 0,5% en 2011 y del 0,7% en 2012. Pero las previsiones fallaron y el
Gobierno de Rajoy cerró el grifo desentendiéndose del acuerdo firmado en 2009.
Las nuevas
aportaciones por tanto tendrían que ser acordadas entre las entidades públicas
y los sindicatos en el marco de la remuneración total de los funcionarios.
La medida
está en sintonía con el anuncio realizado por Cristóbal Montoro, Ministro de
Hacienda, de fomentar el salario diferido y la negociación colectiva para que
parte del incremento salarial vaya a pensiones complementarias.
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